El Instituto Desarrollo (ID), en el marco del Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), llevó a cabo la elaboración de una Guía para implementar la inclusión y la accesibilidad y un Manual Digital de Lengua de Señas para el acceso a la justicia. Ambos fueron declarados de interés institucional por el Ministerio de Defensa Pública a través de la Resolución de Defensoría General Nº 374 del año 2023.
Estos materiales inclusivos fueron elaborados por iniciativa del Programa con un enfoque de derecho a fin de aportar a una educación más inclusiva y accesible, ya que la accesibilidad e inclusión representan desafíos importantes dentro de la Educación Superior. La presentación se realizó esta semana en la sede del Ministerio de Defensa Pública.
La Defensora General, María Lorena Segovia, destacó la importancia y la trascendencia de este hecho ya que es el primer manual digital de lengua de señas con terminología jurídica. “Cuando hablamos de acceso a la justicia tal vez pudiéramos pensar que se resolvería con tener el servicio pagado por el Estado para plantear una demanda o hacer efectivo un derecho vulnerado, pero no es suficiente. Acceso a la justicia significa derribar todas las barreras que pudieran existir. También existen barreras en razón de la discapacidad y el Estado está obligado a eliminarlas”, expresó.
La Guía contempla aspectos como: un proyecto educativo con enfoque inclusivo, gestión de la adecuación arquitectónica y ergonómica, guía básica de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, gestión comunicacional, gestión de la adecuación metodológica, gestión de la tecnología y una guía de observación institucional. Además, las secciones cuentan con sugerencias y recomendaciones para ser implementadas desde la Educación Superior.
Por otro lado, el Manual Digital de Lengua de Señas para el Acceso a la Justicia contiene señas en orden alfabético y contempla pautas necesarias para su uso adecuado. El proceso para la elaboración de este material fue participativo y validado por organizaciones de la comunidad sorda que participaron del proceso. Este aporte es de suma importancia para remover las barreras lingüísticas en el país. Además, se podrá garantizar el acceso efectivo a la justicia, sin discriminación de las personas sordas o con discapacidad auditiva.
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