La deuda reclamada al Estado por el caso de una finca supuestamente con título irregular proviene de un juicio de ejecución de sentencia que ya pasó por todas las instancias y, al cual, la Procuraduría General de la República y el MOPC se allanaron en su momento, dijo ayer la abogada Gilda Bordón.
La abogada representa a los demandantes en el juicio caratulado “Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés y otros c/Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre ejecución de resoluciones judiciales”, que obliga al Estado a pagar más de G. 18.00 millones (US$ 3,2 millones) por un inmueble (Finca 2108 con Padrón 3146 de Itakyry).
Los organismos del Estado involucrados en esta causa, encabezados por el Ministerio de Hacienda, denunciaron ante la opinión pública en conferencia de prensa, el pasado miércoles, que la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún, denunció a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, por desacato y que esa medida era más bien para forzar el pago por unas tierras con titulación irregular y que siempre pertenecieron al Estado.
Bordón indicó que quieren hacer creer a la opinión pública que se le está supuestamente obligando injustamente a pagar a la ministra Giménez, quien fue denunciada el 10 de abril ante el Ministerio Publico por desacato a la orden judicial previsto en la Ley Nº. 4711/12.
Sostiene que la presente deuda del Estado proviene de un juicio de ejecución de sentencia, que ya pasó por todas las instancias e incluso la Corte Suprema de Justicia. “En virtud a ello ha emanado una orden judicial, a fin de que la ministra Lea Giménez proceda al depósito de la suma adeudada en la cuenta judicial abierta a nombre del juicio”, señaló al respecto la profesional.
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