En un país como el nuestro, con un alto índice de la población viviendo en la línea de pobreza extrema, es sumamente importante que el dinero público proveniente de los impuestos pagados por la población sea utilizado en forma correcta y en beneficio de los habitantes, como justo retorno.
Es lamentable que casi a diario se den a conocer casos de intendentes y gobernadores que descaradamente meten las “manos en la lata” y otros sospechosos de la comisión de robos de los recursos públicos que deben ser invertidos en obras que garanticen el bienestar de la población. Mientras, se observa una nula acción de la justicia que debe encargarse de castigar con la cárcel a los delincuentes que se presentan como “servidores del pueblo”.
Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de una auditoría de la gestión del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (PLRA), correspondiente solamente al ejercicio fiscal del año 2018. Apunta en el reporte que constató una serie de irregularidades en cuanto a aportes otorgados a entidades educativas y organizaciones sin fines de lucro.
Montos millonarios fueron otorgados sin que las instituciones cumplieran los requisitos fundamentales, como el reconocimiento de sus comisiones y presentación de tres presupuestos y tampoco presentaron la obligada rendición de cuentas del uso que le dieron al dinero recibido, entre otras presuntas anomalías, indica el informe de la CGR.
La ley es muy clara al respecto: los que reciben dinero público deben estar reconocidas por la Municipalidad como una comisión, presentar tres presupuestos cuando se trata de montos superiores a G. 5 millones, así como el certificado de inscripción en la Abogacía del Tesoro y la declaración jurada de que no está recibiendo dinero de otras entidades del Estado.
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