El artículo 94 constitucional, en su segunda parte, consagra como un derecho fundamental del trabajador efectivo, dependiente y en ajenidad, “el derecho a la indemnización por despido injustificado”. Trabajador efectivo es el que cumplió el periodo de pruebas; el trabajador a prueba puede ser despedido sin obligación patronal de indemnizar, salvo que el despido sea arbitrario, discriminatorio o por otra causa judicialmente sea declarado nulo.
El derecho fundamental a la indemnización por despido injustificado, es contradictorio e incoherente con el de la estabilidad laboral. Son instituciones jurídicas antitéticas.
Cuando se adquiere la estabilidad en el empleo, ya no cabe la indemnización por despido; la estabilidad laboral impide al empleador terminar el contrato de trabajo por su voluntad unilateral; la prohibición de despido patronal se sanciona con la nulidad del acto, exista o no una causal justificada de despido. La garantía procesal de la estabilidad es que solamente un juez, a petición del empleador, es la autoridad pública facultada a decidir u ordenar la extinción de la relación laboral.
La indemnización por despido injustificado, en su condición de derecho fundamental, es irrenunciable por el trabajador (Art. 86 II P. C.P.); es el juez, no el empleador, quien en resolución fundada, está autorizado a decidir, a petición del empleador, sobre la existencia o no de la causa legal de despido invocada por el empleador; esa demanda patronal debe promoverse dentro del plazo de treinta días desde aquél en que el empleador tuviera conocimiento de una causa justificada de despido; trascurrido ese lapso, prescribe la acción. En el caso del trabajador sin estabilidad laboral, la...
Como son derechos fundamentales antitéticos, la indemnización por despido injustificado no se aplica en ningún caso al trabajador que goza de estabilidad laboral. Repito: ambas instituciones jurídicas son antagónicas y opuestas, son contrarias entre sí. Por su naturaleza jurídica de derecho fundamental, al ser reconocidos en la constitución, ninguna ley, decreto, reglamento o contrato individual o colectivo, puede eliminarlos o ignorar su vigencia; solamente en una Convención Nacional Constituyente, mediante el procedimiento de reforma, o con una enmienda constitucional, será válidamente...
Leer la nota completa en Diario ABC
