El fiscal Anticorrupción, Francisco Cabrera, imputó al ex intendente de Lambaré, Armando Gómez, y a seis personas más, que habrían formado parte de una asociación criminal que desfalcó G. 9.246 millones, anulando facturas. Una de las imputadas sigue siendo funcionaria.
Aparte del ex jefe comunal, fueron procesados Roberto Paredes (ex director de Administración y Finanzas); Rodrigo Portillo (ex jefe de Tesorería); Walter Belotto (ex director de Auditoría); Édgar Villalba (ex director de Gestión de Tecnología); Ricardo Ricciardi (ex funcionario de Gestión de Tecnología); y Sonia Notario (ex contadora), actual funcionaria de la Dirección de Auditoría Interna.
Se los imputó por lesión de confianza, exacción, alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y asociación criminal.
SUPUESTO ESQUEMA. El entonces intendente, en su primer año al frente de la Comuna (2015), contrató a personas de su confianza en puntos claves de la Municipalidad. En el 2018, instalaron un Sistema Informático de Gestión Tributaria.
Ya en el 2019 –según la Fiscalía– “comienzan a realizarse anulaciones de comprobantes en el sistema informático, en forma totalmente irregular, y en horarios no habilitados”.
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