"La Fiscalía es responsable de no hacer correctamente su investigación", apuntó directamente la jueza Cinthia Garcete, tirando la culpa a los agentes del Ministerio Público sobre el sobreseimiento del senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod por el presunto desvío de dinero de la comuna esteña para financiar la campaña política del clan Zacarías. Los fiscales del caso ya anunciaron la apelación e incluso no descartan que la magistrada haya incurrido en el delito de prevaricato.
La jueza Garcete cuestionó ampliamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público, pero hay un elemento fundamental que utilizó para que finalmente el senador sea sobreseído definitivamente y es el hecho de que los delitos que se le acusan al exlegislador ya fueron juzgado por un Tribunal de Cuentas en el periodo 2014-2015.
La magistrada se refirió a la aprobación de los balances de la gestión del entonces intendente interino de Ciudad del Este, Alberto Rodríguez, también imputado y ahora sobreseído definitivamente y argumentó que estos, al ser juzgados por el Tribunal de Cuentas ya invalida el juzgamiento de los hechos punibles imputados por la Fiscalía.
“El 2014 y 2015, sobre esa porción de hecho el Juzgado resolvió hacer lugar a una excepción de falta de acción por falta juzgada, esto quiere decir que el juzgado advirtió que esa porción de hecho fue juzgada por el Tribunal de Cuentas”, argumentó la magistrada, recordando el impedimento judicial de que una persona sea doblemente investigada por una misma causa.
Cabe recordar que la función del Tribunal de Cuentas es juzgar la concordancia de los balances con los documentos rendidos, no así el destino final de los fondos municipales que es lo que en este caso está en discusión. A esto hay que agregarle que la rendición ante los juzgados justamente es una estrategia utilizada por los jefes comunales para evadir los controles de la Contraloría General de la República (CGR), que realmente es el órgano constitucional designado para fiscalizar las gestiones municipales.
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