Wilson Ferreira CIUDAD DEL ESTE La primera semana de intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este dejó un sabor amargo, entre caos vehicular, denuncias cruzadas y una situación financiera que, según quien la relate, roza entre la hecatombe y el control responsable. Prieto, por su parte, negó estar detrás del repliegue masivo del personal municipal y apuntó directamente al movimiento Honor Colorado, acusándolo de estar detrás de una intervención que –según él– tiene más un claro trasfondo político y no administrativo. “El corte nos arroja una deuda total de aproximadamente G. 108.000 millones, hay una deuda inmediata –es decir, compromisos asumidos que deben honrarse ahora– por G. Tenemos también una deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, de unos G. 108.000 millones que dice el interventor, más de G. Según Pereira Mujica, la deuda real atribuible a la gestión de Prieto es mucho menor. “Cuando Miguel asumió, nos encontramos con una deuda reclamada de G. 384.000 millones, el doble del presupuesto municipal de entonces. 54.000 millones y cuyo saldo activo hoy ronda los G. No es deuda nueva ni descontrolada, es deuda histórica (heredadas de otras administraciones) que estamos gestionando”. LA CIFRA 108.000 millones de guaraníes es la deuda que arrastra la Municipalidad de Ciudad del Este, según señaló el interventor.
La primera semana de intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este dejó un sabor amargo, entre caos vehicular, denuncias cruzadas y una situación financiera que, según quien la relate, roza entre la hecatombe y el control responsable. El lunes pasado, asumió oficialmente el equipo interventor encabezado por el economista Ramón Ramírez, designado para auditar y administrar temporalmente la Comuna tras la suspensión del intendente Miguel Prieto Vallejos.
Desde entonces, el escenario político y administrativo en la capital del Alto Paraná se convirtió en un campo minado. Lo inmediato fue el caos.
Literalmente. El tránsito, ya de por sí infernal en la ciudad fronteriza, colapsó tras la súbita ausencia del personal de la Policía Municipal de Tránsito. Los embotellamientos se extendieron por horas y las quejas llovieron en redes sociales, radios locales y medios comunitarios.
Vacaciones, permisos y certificados médicos se apilaron el lunes como un efecto dominó. El interventor Ramírez no dudó en calificar el fenómeno como un “boicot deliberado” a su gestión, aunque Prieto lo niega con vehemencia.
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