La Cámara de Senadores dio el primer paso y aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -de la administración Peña- para crear el Ministerio de Economía y Finanzas, que plantea la unificación de algunos ministerios y la eliminación del Ministerio de Hacienda. Los proyectistas argumentaron que la intención que tiene el futuro gobierno es optimizar el uso de recursos públicos y también encargar a una sola institución el planeamiento de la política económica.
Según el ex ministro de Industria y Comercio y actual senador, Gustavo Leite, el Ministerio de Economía no distará mucho de lo que actualmente realiza el Ministerio de Hacienda, que cumple funciones organizativas del presupuesto público, recauda, pero no tiene la potestad de desarrollar por sí mismo planes de carácter económico. "Con la alianza público privada que se utilizó para la ruta de Ypacarai el tiempo que se necesita para trasladarse disminuyó. Ahora, con la estructura actual del Estado, coordinar una obra así implica pasar por una serie de requisitos burocráticos", agregó.
El senador expresó en el pleno de la cámara que la administración de Peña lo que buscará será acelerar el funcionamiento del Estado para la implementación efectiva de medidas de carácter público.
El consultor e investigador Rodrigo Ibarrola sostuvo que el proyecto de creación del Ministerio de Economía y Finanzas tiene varios problemas, pero el primero de todos es de índole metodológica. "Por más que los que acompañan el proyecto revelaron que existe otro que establece un marco regulador para la organización administrativa del Estado, siguen insistiendo con este ministerio", complementó.
Ibarrola recalcó que ya obra en el Congreso el proyecto de ley que establece las reglas para estos cambios, lo que no tiene sentido porque a las apuradas están creando ministerios. Aparte, el consultor indicó que de aprobarse este proyecto se pretende absorber tres instituciones sin regular su estructura orgánica, las atribuciones, obligaciones y otras prerrogativas que resultará en una omisión de regulación legislativa.
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