Hacienda aprueba reglamento de recepción e investigación de denuncias | .::Agencia IP::.

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Foto: Hacienda Asunción, IP.- El Ministerio de Hacienda aprobó el Reglamento de Recepción de Denuncias, Investigación Interna y Protección de Denunciantes y Testigos de la Dirección Anticorrupción en concordancia a lo dispuesto por la Ley 1626/2000, “De la Función Pública”, el Código Procesal Penal y las disposiciones emanadas de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Asimismo, Secretaría de la Función Pública todos los meses del año 2019 calificó al Ministerio de Hacienda con la nota de cumplimiento óptimo en cuanto a la publicación del 100% de la información que exige la Ley N° 5189/14, la cual establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras remuneraciones asignadas a los servidores públicos.

Asunción, IP.- El Ministerio de Hacienda aprobó el Reglamento de Recepción de Denuncias, Investigación Interna y Protección de Denunciantes y Testigos de la Dirección Anticorrupción en concordancia a lo dispuesto por la Ley 1626/2000, “De la Función Pública”, el Código Procesal Penal y las disposiciones emanadas de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

Esta reglamentación constituye una iniciativa de la Dirección Anticorrupción de la Cartera Fiscal, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, dicho documento, antes de su aprobación y puesta en vigencia, ha sido revisado por la Dirección de Modernización Institucional (DMI) y la Abogacía del Tesoro.

El nuevo Reglamento actualiza y sistematiza el procedimiento de investigación interna del Ministerio de Hacienda e introduce un sistema de protección de denunciantes y testigos alineado con las mejores prácticas internacionales de lucha contra la corrupción y las reglas pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Entre otras medidas, la normativa aprobada garantiza la posibilidad de denunciar faltas administrativas y/o hechos punibles bajo anonimato; y la obligación del Ministerio de Hacienda de garantizar la protección integral contra represalias de quienes formulen denuncias de buena fe.

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