De acuerdo a Peralta, en este caso ellos alegan que se sienten afectados por las publicaciones periodísticas, porque los agentes del Estado están dando a conocer el caso.
Sin embargo, mencionó que este tema no se puede mantener con secretismo, por principio de transparencia y la ciudadanía tiene el derecho de conocer los detalles.
“Lo que piden es que al Estado se le prohíba hablar con la prensa, con lo cual se va a estar afectando también el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión de la prensa, que también son derechos humanos y no pueden bajo ninguna manera, ni la Corte IDH ni la CIDH prohibirnos como Estado que demos a conocer y emitamos opiniones acerca de la conducta que están teniendo estos órganos”, remarcó.
Para la agente del Ministerio Público, lo que pretenden con la medida es amordazarle también a la prensa.
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