CIUDAD DE GUATEMALA. La fuerte puja entre el presidente Bernardo Arévalo y la actual fiscal general del Estado, Consuelo Porras -sancionada por Estados Unidos- revive un quiebre entre las instituciones. En uno de los últimos capítulos de esta disputa, la Fiscalía solicitó al Supremo retirarle la inmunidad al mandatario.
La fiscalía de Guatemala pidió quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de autorizar pagos “ilegales” a constructoras, en un nuevo capítulo de la larga disputa que tiene con el mandatario.
“Se presentó” a la Corte Suprema la solicitud de “retiro de antejuicio en contra del señor presidente” para ser investigado por abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución, recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad, dijo el fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa.
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad.
El fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por “corrupto” y “antidemocrático”, acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega los pagos de contratos a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción.
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