Varias empresas plantearon una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley que indica que no solo los funcionarios públicos, sino también los dueños o accionistas de empresas que operen con el Estado, deben presenten Declaración Jurada (DD.JJ) de bienes.
Grupo de contratistas del Estado accionan contra exigencia de presentar DD.JJ.
Lo que plantea esta Ley “es la rotura de tu garantía constitucional de tu derecho a la intimidad”, argumentó el abogado Raúl Codas, encargado de presentación de la Acción de Inconstitucionalidad y una medida cautelar en contra de la Ley 6355/19, que incluye entre las personas obligadas a presentar declaración jurada a dueños, accionistas y otros responsables de empresas contratistas del Estado.
Codas insistió que la mencionada Ley es inconstitucional, ya que sostienen que el sector privado no puede estar obligado a que se divulguen públicamente la información bancaria y personal de civiles, y que de hecho por ejemplo, la Contraloría General de la República, órgano de control oficial del gobierno, en sus atribuciones constitucionales no incluye a este sector agregado con esta ley.
“La Contraloría, en su carta orgánica y hasta inclusive en la propia constitución solamente está autorizada a recibir declaraciones juradas de los funcionarios públicos, no de proveedor del Estado”, insistió sobre uno de los puntos que atacan.
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