Gremios empresariales del rubro de juegos de azar celebraron que la Fiscalía haya acusado a exautoridades y a un miembro actual de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por aparentes hechos punibles. Pidieron al Gobierno acciones para sanear el sector y que fomente la industria del entretenimiento.
La Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) está conforme con que el para los imputados por aparentes hechos punibles en la gestión de juegos de azar, aunque lamenta que toda esta situación genere una mala imagen en el rubro. Se trata de las gestiones relacionadas a tragamonedas, quiniela y reducción del canon a concesionarias, que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía y en las que se halló aparentes lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato, exacción, declaración falsa.
“El rubro está muy golpeado después de esto y hay que ver cómo continua. Más allá de las responsabilidades que tienen los diferentes miembros (de Conajzar) y las personas imputadas, ahora (hay que ver) qué medidas se van a tomar para hacer que el rubro se despierte”, dijo Lorena Rojas, una de las representantes de Apoja.
Señaló que en el sector privado hay incertidumbre con relación a cuáles serán las medidas que tomará Conajzar, cuya presidenta interina es María Galván del Puerto. Además, teniendo en cuenta que todavía queda un año de esta administración. “Estamos expectantes a ver qué dice la reglamentación de la ley de tragamonedas”, comentó como ejemplo.
El presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, opinó a su vez que es correcta la actuación de la fiscala María Estefanía González. Aprovechó para opinar referente a la adjudicación de la quiniela a TDP SA, de Álvaro Wamosy Carrasco, a pesar de que se encontraba morosa con el fisco. “No tiene justificación otorgar el juego de la quiniela a un grupo que arrastra una fortuna en deudas al fisco, es una estafa”, manifestó.
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