Enseguida los sindicalistas y personas representativas del mismo empresariado así como los analistas económicos, se mostraron escépticos ante la posibilidad de concretar tamaño mazazo a una conquista social de más de 60 años de vigencia en el país, más aún cuando aparece evidente que la intención es congraciarse con algunos inversores que querrían una mayor flexibilidad laboral en nuestra economía, mientras sufren otros embates por la falta de seguridad jurídica, que no vienen precisamente del sector de los trabajadores sino más bien de procesos de corrupción tolerados por el Estado y básicamente en el Poder Judicial, que son hasta propiciados “desde arriba” por el poder fáctico imperante en la política. La comisión bicameral que en un principio se había formado para la transparencia en los entes privados para evitar el lavado de activos, se orienta ahora directamente a atacar las actividades que llevan a cabo las entidades de la sociedad civil cuya finalidad es monitorear y fiscalizar al Ministerio Público y el Poder Judicial, los organismos estatales que no se han mostrado precisamente diligentes a la hora de poner freno a los lavadores que se nutren principalmente de la corrupción en el sector público, que a su vez en muchos casos cuentan con la retroalimentación de actividades ilegales ligadas al crimen organizado, el narcotráfico y toda clase de contrabando. De allí que el debate por la reforma laboral se transformará inevitablemente en la exigencia de empresarios, sindicalistas, analistas y referentes de las entidades de la sociedad civil, de concentrar los esfuerzos en el cumplimiento de las leyes, entre ellas la laboral, antes que recortar o cercenar sus conquistas, así como se solicitará con mayor razón el cese de los ataques a las entidades sin fines de lucro que actúan de contralores en nombre de la ciudadanía, porque de otra forma se dejaría prácticamente el terreno libre a la falta de transparencia, con la corrupción y la impunidad como resultado, que son los factores que más influyen para fomentar la falta de empleo, de buenos ingresos para la gente y que promueven la inequidad social. Por ello se impone que más que una reforma laboral, lo que el país necesita con urgencia es una reforma judicial, en la que prevalezca la intención de terminar con la impunidad de los hechos de corrupción. El Ministerio Público ostenta la “representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado”, según la Constitución, por lo que bien podría preguntarse si la reforma de los códigos penal y procesal emprendida en la década de los 90 estuvo o no acompañada de la suficiente capacidad de acción autónoma de la Fiscalía para llevar adelante los procesos punitivos hasta una sentencia judicial firme, en los casos en que se están poniendo en juego los reales intereses sociales.
El presidente Santiago Peña se reunió por primera vez con senadores opositores el jueves 19 de setiembre en Mburuvicha Roga, quienes le manifestaron su inquietud por la persecución contra las entidades de la sociedad civil, lo que afecta el debate sobre los grandes temas nacionales en el Congreso.
El presidente Santiago Peña anunció su intención de llevar a cabo una reforma del Código Laboral con el propósito principal de eliminar la estabilidad del trabajador cuando llega a los 10 años de antigüedad, con la mira puesta en propender a una mayor dinamización del mercado de trabajo y de paso supuestamente contribuir a su plan de crear 500 mil puestos durante su gestión de 5 años.
Enseguida los sindicalistas y personas representativas del mismo empresariado así como los analistas económicos, se mostraron escépticos ante la posibilidad de concretar tamaño mazazo a una conquista social de más de 60 años de vigencia en el país, más aún cuando aparece evidente que la intención es congraciarse con algunos inversores que querrían una mayor flexibilidad laboral en nuestra economía, mientras sufren otros embates por la falta de seguridad jurídica, que no vienen precisamente del sector de los trabajadores sino más bien de procesos de corrupción tolerados por el Estado y...
Coincide la propuesta de Santi con el feroz ataque del cartismo contra las entidades de la sociedad civil que supervisan y acompañan procesos de transparencia en las relaciones entre los sectores público y privado, con la exigencia de documentar la procedencia de sus recursos, muchos de ellos provenientes de la cooperación de gobiernos extranjeros amigos comprometidos igualmente en lograr la independencia de la Justicia y la Fiscalía de los poderes fácticos, mediante acuerdos cerrados con el mismo Gobierno.
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