Los jefes departamentales entregaron esos recursos a ONG que, en su mayoría, estaban vinculadas a ellos. El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, hasta ahora, es el único imputado por un presunto desvío de ese dinero público. Facturas “clonadas” para justificar los desembolsos El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, hasta ahora es el único imputado por el presunto uso fraudulento de US$ 1.000.000 (G. El gobernador argumentó en su defensa que la rendición de cuentas estaba a cargo de las ONG beneficiadas. Coincidentemente contrató a las mismas empresas a las que las ONG beneficiadas habían contratado, a finales del año 2020. Custodio policial era parte de una de las entidades elegidas El gobernador de Caazapá, el cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón, es otro que optó por repartir parte de los US$ 2.000.000 (G. 12.764 millones) a ONG. En el caso de este jefe departamental (hermano del exfiscal general procesado, Javier), los recursos terminaron en manos de 7 entidades (ver info). Díaz Verón en su defensa dijo que los recursos fueron redireccionados, pero saltó que fueron a parar a obras también presentadas por el Consejo Regional de Salud, otra ONG beneficiada. Millones en manos de sus funcionarios El gobernador del Guairá, el cartista Juan Carlos Vera, también recurrió a las ONG para el desembolso íntegro de los G. 12.764 millones del fondo covid a ONG. 12.764 millones (US$ 2.000.000) entre tres ONG (ver info).
Las gobernaciones del país realizaron un verdadero festín con los US$ 2.000.000 (G. 12.764 millones) del “fondo covid” que les fueron entregados para la reactivación económica. Los jefes departamentales entregaron esos recursos a ONG que, en su mayoría, estaban vinculadas a ellos. El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, hasta ahora, es el único imputado por un presunto desvío de ese dinero público. Los demás siguen impunes.
El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, hasta ahora es el único imputado por el presunto uso fraudulento de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones). Es porque el jefe departamental habría justificado el desembolso de esos fondos públicos al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, y al Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera, presuntamente con facturas clonadas.
Además, González pagó por obras ya realizadas. Es decir, habría existido una doble facturación, según informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República (CGR).
El gobernador argumentó en su defensa que la rendición de cuentas estaba a cargo de las ONG beneficiadas. Sin embargo, el dinero público fue entregado pese a que la entidades no estaban habilitadas para realizar obras, dicen los reportes.
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