El juez Marcelo Da Costa Bretas fundamenta que el caso se inició en mayo del 2018 cuando empezaron las investigaciones con la operación “Cambio, desligo” en la cual se decretó la prisión de unos 50 cambistas, incluido Darío Messer conocido como “doleiro de doleiros” (cambista de cambistas).
Según el juez, tras la detención de varios “doleiros” e incautación de pruebas, analizaron materiales (documentos, celulares y computadoras) e identificaron a quienes ayudaban a Darío Messer para eludir a la justicia brasileña y así formaron parte de la organización criminal, a la que proporcionaron apoyo logístico para que los recursos financieros pudieran llegar al prófugo. Basado en los informes fiscales, describe la existencia de tres grupos (financiero, operativo y político) que funcionaron para optimizar las operaciones ilegales.
En el grupo financiero mencionan a varios brasileños pero también a los paraguayos Lucas Lucio Mereles Paredes, Jorge Alberto Ojeda Segovia, Édgar Ceferino Aranda Franco y José Fermín Valdez González, “que eran los doleiros de confianza de Darío en Paraguay y Brasil, que le proporcionaban soporte para operar cambios ilegales y ocultar sus recursos de las autoridades” paraguayas y brasileñas.
En el grupo operativo mencionan a la novia de Darío Messer, a la madre y padrastro de la mujer, quienes habrían ayudado a transportar y a recibir los fondos que estaban escondidos. En el núcleo político la justicia brasileña involucra al expresidente paraguayo Horacio Cartes, también al empresario Felipe Cogorno, a la abogada Leticia Bóbeda, al brasileño-paraguayo Roque Fabiano Silveira y a la familia Mota que vive en la frontera de Pedro Juan con Ponta Porã y sobre la que abrirán otro proceso.
El juez Da Costa dijo ayer que verifica que están mínimamente delineadas las autorías de los crímenes que habrían sido cometidos por los acusados, razón por la cual encontró justa que exista una causa para proseguir la acción penal.
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