El pleno de la Corte Suprema de Justicia se vio obligado a postergar el nombramiento de 1.110 contratados como funcionarios permanentes del Poder Judicial, ante la oposición de los ministros Manuel Ramírez Candia, César Garay, Eugenio Jiménez y Gustavo Santander. Llamativamente, la propuesta surge a pocos días de las elecciones generales.
El nombramiento como funcionarios permanentes de 1.110 contratados que prestan servicios en el quedó ayer en suspenso, a raíz de la vehemente oposición de los ministros Manuel Ramírez Candia, César Garay, Eugenio Jiménez y Gustavo Santander, quienes argumentaron que el procedimiento es inconstitucional porque la vía correcta es el concurso público.
El tema de la contratación, consignado en el punto 11 del orden del día de una manera que no permite conocer su real dimensión, decía simplemente: “Propuesta de desprecarización laboral del personal contratado. Para su aprobación”.
Sin embargo, cuando el presidente de la Corte César Diesel solicitó la aprobación del pleno, el ministro Manuel Ramírez pidió dejar constancia de su oposición. El único que lo apoyó al titular de la CSJ en su pretensión fue el ministro Luis María Benítez Riera.
El ministro Ramírez dijo que a pesar de que el nombramiento de los contratados en el marco de la “desprecarización” está prevista en la ley presupuestaria, él considera que esta situación viola el artículo 47 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad en el acceso a la función pública.
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