Justo cuando el Poder Ejecutivo presenta al Congreso el proyecto de Presupuesto General 2025, en el Senado olímpicamente cajonean la propuesta de incorporar al presupuesto nacional, como corresponde, los fondos extras provenientes de Itaipú por diferencia tarifaria. La evidente intención es seguir utilizando Itaipú como una caja negra para la repartija discrecional del Gobierno de turno y de los políticos del entorno del poder, al margen de las normas y principios elementales del derecho administrativo, mientras se siguen cercenando los legítimos intereses paraguayos en la binacional.
El proyecto fue puesto a consideración del plenario de la Cámara de Senadores, pero ni siquiera corrió su tratamiento, no digamos ya su aprobación o rechazo, por la nada sorprendente ausencia de 23 legisladores oficialistas y la conveniente abstención de sus bancadas satélites. De esta manera, estos ingresos no estarán contemplados en el Presupuesto 2025 y no serán distribuidos conforme a las reglas de una República ni como recursos de todos los paraguayos, sino casi literalmente como fondos reservados de Santiago Peña y de sus principales aliados, que podrán manejarlos a su antojo,...
Esto explica en gran medida por qué esta administración puso tanto énfasis en el tema secundario de la tarifa en Itaipú, convenciendo engañosamente a propios y extraños de que por poco no se estaban jugando una cruzada nacional, en vez de concentrarse en lo principal, que es la renegociación del Anexo C, cuyo plazo de revisión ya se cumplió hace un año y todo sigue igual, en beneficio del Brasil, que cada día que pasa se sigue llevando la energía paraguaya a precio vil, y en detrimento del Paraguay.
Recordemos que Itaipú es formalmente una entidad sin fines de lucro, por lo cual su tarifa, que es la que le cobra a la compañía estatal eléctrica brasileña (ENBpar) y a la ANDE por contratación de potencia, debe reflejar estrictamente sus costos, ni un dólar más ni un dólar menos. Históricamente, el principal componente de ese costo fue el pago de la exorbitante deuda por la construcción de la central. Al quedar esta deuda cancelada en febrero de 2023, ese costo se redujo drásticamente y, con ello, también debió hacerlo la tarifa.
Brasil sostenía que la misma debía ser de 16,71 dólares el kilovatio/mes o menos, pero el Gobierno de Peña insistió en elevarla por encima del costo real, hasta a 22,60 dólares, con el fin de generar una diferencia para “inversión social y ambiental”, a ser dividida en partes iguales entre los dos países. Hábilmente Brasil aprovechó para ganar tiempo y finalmente terminó aceptando un punto medio de 19,28 dólares, por un plazo de tres años, tras el cual se acaban los “fondos sociales” y la tarifa vuelve al costo básico.
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