El Fiscal adjunto Augusto Salas, en conferencia de prensa, expresó que desde el Ministerio Público observan con preocupación lo resuelto por la sala penal que revocó las condenas en el caso Curuguaty.
El Ministerio Público, en atención al rol constitucional que desempeña, conoce de primera mano y es consciente de las numerosas problemáticas sociales que afectan al país; sin embargo, a pesar de esto, debe en todos los casos sin distinción, promover la acción penal pública ante la existencia de indicios de la comisión de hechos punibles.
En el marco de los autos caratulados: “Felipe Benítez Balmori y otros s/ (n.° 130/2012), conocido como caso Curuguaty, el Ministerio Público concluida la etapa investigativa formuló la acusación y en Audiencia Preliminar solicitó la elevación a Juicio Oral a la jueza penal de Garantías Janine Ríos, quien en su calidad de contralora de las garantías que rodean al debido proceso y tras resolver los numerosos incidentes planteados por las partes durante la audiencia preliminar, el 9 de octubre de 2013 dispuso elevar la presente causa a Juicio Oral y Público.
La Audiencia Preliminar y el Juzgado de Garantías son el primer filtro jurisdiccional, y, debido a los numerosos incidentes planteados principalmente por las defensas técnicas. Recién dos años después, el 27 de julio de 2015, se inicia el Juicio Oral y Público, el cual estuvo a cargo de los jueces Benito Ramón González, Ramón Trinidad Zelaya y Samuel Silvero Martínez.
Este Tribunal de Sentencia tras un año de juicio, en junio de 2016, luego de la producción de diversos elementos probatorio declara probados los hechos y adecuadas las conductas, motivo por lo cual se solicitó la aplicación de la condena de las personas identificadas y señaladas como responsables de los hechos para la sanción correspondiente. Estos hechos son Homicidio Doloso Agravado Consumado, Homicidio Doloso en grado de tentativa acabada, Asociación Criminal e Invasión de Inmueble Ajeno.
Leer la nota completa en La Voz Digital