Los fiscales anticorrupción, Francisco Cabrera y Verónica Valdez ratificaron la existencia de una estructura criminal dedicada a exigir sumas de dinero y beneficios a cambio de resoluciones procesales favorables, liderada por Ana Girala, valiéndose de su cargo para coaccionar a las víctimas. Durante la réplica, los fiscales manifestaron que sí quedó probado un esquema de […]
Los fiscales anticorrupción, Francisco Cabrera y Verónica Valdez ratificaron la existencia de una estructura criminal dedicada a exigir sumas de dinero y beneficios a cambio de resoluciones procesales favorables, liderada por Ana Girala, valiéndose de su cargo para coaccionar a las víctimas.
Durante la réplica, los fiscales manifestaron que sí quedó probado un esquema de extorsión, cohecho y asociación criminal dentro de la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, presuntamente liderado por la exfiscal Ana Girala López, con participación de funcionarias, abogados y terceros que habrían actuado como intermediarios. «Se acreditó la existencia de una estructura con distribución de funciones con un modus operandi en el que la acusada Ana Girala mantenía la posición central de dirección funcional», definiendo los casos y los beneficios que serían exigidos.
Sostuvieron que no se trató de simples pedidos de honorarios, regalos o gestiones aisladas, sino de exigencias económicas vinculadas a decisiones procesales concretas. Según la réplica, las víctimas entregaban dinero o beneficios no por voluntad, sino bajo presión o temor a sufrir perjuicios procesales. El Ministerio Público enfatizó que en estos casos «quien hace entrega de dinero o de beneficios no actúa como un partícipe voluntario de un acuerdo corrupto, sino como una persona sometida a una situación de coerción o intimidación».
También respondieron a la defensa sobre la asociación criminal, señalando que no hacía falta probar una estructura paralela al Ministerio Público, sino una organización estable con roles diferenciados. Los fiscales aclararon que la ley sanciona la utilización de estructuras legales ya existentes para fines ilícitos, afirmando que «esta circunstancia torna más grave y peligrosa a la asociación criminal debido a las prerrogativas del cargo público». En ese sentido, Girala dirigía mientras las funcionarias y colaboradores cumplían roles de intermediación y transmisión de instrucciones, de...
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