  La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, envió a la Cámara de Diputados un informe en el que solicita excluir al Ministerio Público del...
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, envió a la Cámara de Diputados un informe en el que solicita excluir al Ministerio Público del proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, limita la contratación de parientes y de asesores y fija topes salariales.
El primer argumento hace alusión a la medida de recortar los salarios de todos los que ganen más que el presidente de la República. En ese sentido, la fiscala señala que se deben precautelar los derechos adquiridos de los funcionarios, “considerando que podría representar una modificación medular de las condiciones laborales”.
El segundo punto cuestionado es la limitación de dos viajes al año en el exterior, calificando como un despropósito, en el sentido de que para la institución es importante participar constantemente de reuniones internacionales “en las que se coordinan los trabajos para hacer frente a los delitos transnacionales y el crimen organizado”. Se cita también el lavado de dinero, narcotráfico, delitos informáticos, delitos contra la corrupción, trata de personas, violencia de género, entre otros, además indica que se privará a los agentes de actualizarse sobre estos temas.
Quiñónez resalta también que limitar la contratación de asesores sería perjudicial, ya que “es necesario contar con la colaboración de especialistas de las diferentes áreas”, como ADN, análisis de grafología, huellografía, medioambiente, levantamiento forense, cámara Gesell, entre otros.
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