La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la apertura de una investigación penal para que se analice la denuncia formulada por la abogada Gilda Burgstaller, quien recurrió al Ministerio Público solicitando que se investigue a los que resultaren responsables directos de los presuntos hechos punibles de homicidio y lesión de confianza de los cuales […]
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz son los encargados de realizar la investigación, y llegar, si es posible, hasta los responsables de los hechos denunciados por la profesional del derecho.
La denuncia menciona que el actuar del Gobierno de turno es absolutamente negligente y doloso, atendiendo a que las autoridades facilitaron con su falta de acción que más de 8.000 paraguayos hayan perdido la vida a causa del COVID-19 y las familias que han quebrado en el intento de salvar la vida de sus parientes, solventando los elevados gastos que genera la enfermedad.
Del mismo modo, la abogada Gilda Burgstaller refiere que el gobierno de Mario Abdo Benítez no utilizó los recursos que fueron liberados para la compra de vacunas, camas de terapia, medicamentos, insumos, equipos de protección para el personal médico, y que esto conllevó a que muchos de ellos hayan pedido la vida intentando salvar a otros y también un gran perjuicio patrimonial.
Igualmente, en el escrito de la denuncia se menciona claramente que sean convocados a declarar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el exministro de Salud Julio Mazzoleni, como también al actual ministro, Julio Borba. Asimismo, el exministro de Hacienda Benigno López, el actual ministro Óscar Llamosas, el extitular del Ministerio del Interior Euclides Acevedo, entre otros, a quienes ella considera responsables del colapso del sistema sanitario.
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