La Fiscal María José Pérez presentó apelación general contra la resolución por la cual se dio una salida procesal a 3 condenadas con suspensión en la causa sobre perjuicio patrimonial de Gs. 25.698.250.040, durante la administración de José Orué, también condenado pero actualmente prófugo y con requerimiento de prisión. La agente atacó lo dispuesto en […]
La Fiscal María José Pérez presentó apelación general contra la resolución por la cual se dio una salida procesal a 3 condenadas con suspensión en la causa sobre perjuicio patrimonial de Gs. 25.698.250.040, durante la administración de José Orué, también condenado pero actualmente prófugo y con requerimiento de prisión.
La agente atacó lo dispuesto en los A.I. n.° 82, 83 y 84, de fecha 24 de octubre del corriente año, en cuya causa el exministro de la Niñez, José María Orué Rolandi, fue condenado a 4 años de pena privativa, los mismos beneficiaron a María Araceli Cotillo Rolón, Laura Aida Gamarra de Doldán, Gloria Betina Arroyos Vázquez 2 años de pena, impuesta en virtud al A. y S. n.° 13, de fecha 22 de febrero del 2021, del Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala, de la capital,
Para la recurrente, en virtud a lo dispuesto en el Art. 236 del Código de Ejecución Penal, es de la postura de que un Juez de Ejecución tiene prohibido otorgar dicho beneficio,, “cuando el Tribunal de origen no se pronunció al respecto.”
Artículo 236.- Cuando un tribunal competente dispusiere la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, de conformidad con lo previsto en el Código Penal, con imposición de obligaciones y reglas de conducta, el Juez de Ejecución tendrá a su cargo el control del cumplimiento de dichas obligaciones y reglas. Cuando el tribunal no se haya pronunciado al respecto, la suspensión no podrá ser dispuesta por el Juez de Ejecución
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