Sobre la causa de lavado de dinero y asociación criminal de los presuntos testaferros de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, la fiscal de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público espera que la causa sea elevada a juicio oral y público, ya que ha pasado demasiado tiempo, por varias interrupciones promovidas por los distintos […]
Sobre la causa de lavado de dinero y asociación criminal de los presuntos testaferros de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, la fiscal de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público espera que la causa sea elevada a juicio oral y público, ya que ha pasado demasiado tiempo, por varias interrupciones promovidas por los distintos defensores que intervienen.
La jueza Lici Sánchez fijó audiencia preliminar para esta causa para el 9 de mayo próximo, a las 8 horas. En la misma se encuentran acusados: Los contadores Mauro Mereles ex Presidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero; Diosmede Aguilera; Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Liz Agustina Benítez, Arnaldo Arévalos, Félix Arévalos, Eduardo de Oliveira y Gerardo López.
La idea es sustanciar la audiencia preliminar y discutir la causa en un juicio oral y público para finalmente llegar al objetivo más importante, el cuál es recuperar los activos que solo se podría lograr con una sentencia definitiva. Recuperar todos los activos que beneficiaban a estas personas y que están sujetos a una sentencia definitiva, para que el Estado paraguayo pueda comisar y disponer de dichos recursos para las alternativas que demanda la ley.
Explicó que se trata de 32 fincas que están siendo administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) y que corresponden a ocho estancias ubicadas en lugares muy importantes de la producción ganadera y agrícola. Creen que los valores patrimoniales de estos bienes son sumamente importantes porque sería una respuesta a una sanción social de este tipo de hechos punibles y por otro lado, por los recursos que generaría la inyección de estos inmuebles para las políticas públicas de prevención y tratamiento a usuarios de drogas.
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