Paraguay enfrenta un momento económico desafiante con una acumulación de tensiones que vienen tanto del exterior como del ámbito interno. Como consecuencia del aumento del precio internacional del petróleo, este año la economía internacional crecerá menos y habrá más inflación e incertidumbre. En el plano local, hay tensión en las finanzas del Estado: menores ingresos a los esperados, mayores presiones de gasto y atrasos importantes en los pagos. En la práctica, esto significa que empresas proveedoras del Estado deben esperar para cobrar, afectando su liquidez y su capacidad de operar. Si no ponemos nuestras finanzas públicas en orden, estos desequilibrios reducirán nuestra capacidad de enfrentar shocks externos, erosionarán la credibilidad fiscal, y terminarán afectando el crecimiento y la estabilidad.
Hace años que el Estado paraguayo no ha estado ajustando sus cuentas fiscales, sino postergando pagos de manera intermitente pero creciente. Este mecanismo –la acumulación de atrasos– permite cumplir formalmente con las metas fiscales, pero traslada el costo del ajuste al sector privado y debilita la transparencia. Los atrasos reportados ya superarían los US$ 1.000 millones, más del 2% del tamaño de la economía, una magnitud que no puede ignorarse.
El desafío no es solo cuánto gasta el Estado, sino si puede pagar lo que ya comprometió.
La situación exige una respuesta integral, creíble y políticamente respaldada. El país necesita un plan claro —un plan de normalización fiscal— que combine medidas concretas con metas verificables y una comunicación transparente hacia la ciudadanía.
Ese plan debería apoyarse en dos anclas fiscales. La primera es mantener la Ley de Responsabilidad Fiscal. Cambiarla en este momento dañaría la credibilidad del país. No obstante, si el contexto lo exige, podría evaluarse un modesto ajuste en la trayectoria de convergencia al límite del déficit de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, evitando un ajuste fiscal excesivamente contractivo en el corto plazo.
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