PARÍS. Las negociaciones climáticas de la ONU se centran este año en cómo lograr el compromiso mundial de recaudar miles de millones de dólares para que los países en desarrollo enfrenten eficazmente la crisis climática.
El principal objetivo de la presidencia azerbaiyana de la COP29 es arduo: ¿cuánto dinero se comprometerán a aportar los países desarrollados para ayudar a los países vulnerables a enfrentar un clima extremo?
No existe una definición consensuada. En términos generales, la “financiación climática” se refiere a cualquier dinero gastado, ya sea público o privado, para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de “hacer compatibles los flujos financieros con (...) un desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático” (artículo 2.1C).
En concreto, esto incluye todos los fondos (públicos o privados) que promueven un desarrollo económico bajo en carbono y la adaptación: energías eólica, solar, nuclear, hidrógeno limpio; autos eléctricos; transición ecológica en la agricultura; reforestación; aislamiento térmico de viviendas; acceso seguro al agua; saneamiento; sistemas de salud capaces de gestionar olas de calor e inundaciones; diques para enfrentar el aumento del nivel del mar, etc.
Sin embargo, no existe una norma universal estricta sobre la financiación “verde”, y a veces la frontera es borrosa entre la ayuda al desarrollo y la financiación climática.
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