El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández presentó personalmente el pedido de desistimiento de la acción de inconstitucionalidad planteada por su cuestionada antecesora Sandra Quiñónez para evitar que la Contraloría General de la República audite al Ministerio Público, por lo que ahora dicha institución tiene vía libre para realizar el control a la fiscalía. […]
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández presentó personalmente el pedido de desistimiento de la acción de inconstitucionalidad planteada por su cuestionada antecesora Sandra Quiñónez para evitar que la Contraloría General de la República audite al Ministerio Público, por lo que ahora dicha institución tiene vía libre para realizar el control a la fiscalía.
“La tarea de control debe ejercerse siempre, todos nos sentiríamos mejor que cada tiempo haya un exhaustivo control de manera que a corregir los defectos si es que hay. Desistimos de la acción para destrabar el tema y para que haya una política de puertas abiertas real en el Ministerio Público”, sostuvo Rolón.
Mencionó que la Contraloría General de la República tiene una función constitucional y la tarea del Tribunal de Cuentas es distinta a la función, pero ambas instancias no deberían ser disimiles, sino que tienen que deben servir para la transparencia.
El 15 de ebrero de 2019, la Fiscalía General del Estado había recurrido ante la Corte Suprema de Justicia y dio lugar a que el Tribunal de Cuentas haga el trabajo de verificación como medida cautelar. Aquella vez, la Sala Constitucional aclaró que la medida es sin perjuicio de las funciones de la Contraloría.
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