Faltan apenas tres años y dos meses para que venza el plazo de 50 años que impone el Tratado de Itaipú para la revisión de su Anexo C. Empero, quizá por el covid-19, soterraron el tema en un riesgoso cono de sombras.
El 13 de agosto de 1973, cuatro meses y 13 días después de la firma del Tratado de Itaipú, en Asunción, Raúl Sapena Pastor y Mario Gibson Barboza, cancilleres a la sazón de las dictaduras militares que con puño de hierro administraban los destinos de nuestro país y del Brasil, intercambiaron los instrumentos diplomáticos que lo ponían en vigencia.
En otras palabras, el cómputo del plazo vigencia de las “bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú” debe arrancar en esa fecha y finalizar el 13 de agosto de 2023, dentro de tres años y dos meses exactamente.
En medio de los numerosos reclamos al Brasil en Itaipú, la mera evocación de estas fechas ¿tiene alguna relevancia?
La respuesta, reiteramos, se localiza en el numeral VI del documento cuyas disposiciones deben revisarse 50 años después.
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