La FGE, Sandra Quiñónez, calificó de aberración jurídica la resolución de la magistrada uruguaya en el caso Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
Argumentó que se cuenta con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que demostró que no son perseguidos políticos.
Manifestó que no se puede responsabilizar al Estado por fuga de Arrom, Martí y Colmán, atendiendo que movió toda su estructura para solicitar la extradición de los mismos.
Refirió que Paraguay presentó la petición al momento que estas personas llegaron a Uruguay, lo cual se nota en la resolución de la jueza, que les otorgó refugio político y negó la extradición.
Sostuvo que los prófugos de la justicia paraguaya tienen contactos internacionales muy fuertes y que no le sorprendió la decisión de la justicia uruguaya, porque los fiscales Federico Delfino y Manuel Doldán fueron dejados como meros espectadores durante el juicio que se les realizó.
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