El debate actual sobre la intención de habilitar a los expresidentes a dejar la senaduría vitalicia para volver a competir por cargos electivos no surge en el vacío. Por el contrario, se apoya en una secuencia de antecedentes en los que distintos mandatarios intentaron, por vías políticas o jurídicas, extender su margen de acción más allá de los límites fijados por la Constitución.
Uno de los primeros episodios se remonta a 2006, en pleno mandato de Nicanor Duarte Frutos, cuando impulsó su candidatura para presidir la Junta de Gobierno de la ANR sin dejar la Presidencia de la República. Aquella decisión fue rápidamente judicializada por el entonces diputado y abogado Edmundo Rolón Osnaghi, quien presentó una impugnación basada en la incompatibilidad de funciones, argumentando que el jefe de Estado debía ejercer su cargo con dedicación exclusiva, sin superponer responsabilidades de conducción política partidaria.
El planteamiento no era menor: instaló la idea de que la investidura presidencial tiene límites claros y no puede ser utilizada como plataforma para acumular poder en otras estructuras, incluso si estas son partidarias. Aunque la Justicia terminó habilitando la candidatura, la presión política obligó a Duarte Frutos a retroceder parcialmente, solicitando un permiso indefinido tras asumir la presidencia de la ANR, lo que evidenció la fragilidad de ese intento de expansión de funciones.
Ese antecedente marcaría el inicio de una serie de maniobras que, ya fuera durante o después del mandato, apuntaron a tensionar los límites constitucionales. En 2008, tras dejar la Presidencia, Duarte Frutos dio un paso más allá al intentar asumir como senador activo, pese a que la Constitución establece que los expresidentes pasan automáticamente a ocupar una banca como senadores vitalicios, con voz pero sin voto.
El entonces mandatario alegó que había sido electo y proclamado como senador y que, por tanto, debía asumir con plenos derechos. Sin embargo, el Senado le bloqueó el juramento, sosteniendo que la condición de senador vitalicio no es opcional ni renunciable. La disputa escaló hasta la Corte Suprema, que años después emitió fallos contradictorios, pero el episodio dejó instalado un punto clave: la figura de la senaduría vitalicia no solo es un reconocimiento, sino también un límite institucional para evitar el retorno inmediato al poder político activo.
Leer la nota completa en El Nacional
