El proyecto de ley, además de los funcionarios públicos, incluye a los grandes contratistas del Estado, y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas. En la norma actual, la divulgación de las declaraciones es solamente con una orden judicial, pero con la propuesta del Senado se pretende abolir este requisito.
Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, ve como auspiciosa la decisión de los senadores. “Confiamos en que Diputados va a ratificar lo que hizo el Senado. Esa es la preocupación, que Diputados, conocida por blindar a todos los corruptos, haga honor a su mote”, indicó.
Recordó que la Ley 6355, que regirá desde febrero, fue promulgada automáticamente porque en esos días se anunció el proceso de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, que finalmente no prosperó. “Lo que se hizo es enmendar de alguna manera aquella cosa que había salido”, resaltó Ferrara, aludiendo a la cuestionada regla que pretende que las declaraciones juradas solamente se conozcan mediante orden judicial.
“Las declaraciones de los empleados públicos tienen que ser públicas. Y tienen que ser públicas también las rendiciones de los partidos políticos que reciben financiamiento del Estado. Todo lo que es financiado con los fondos públicos, los proveedores del Estado que reciben dinero público, dinero del Estado, que es nuestro, tienen que rendir cuentas. Creo que todo lo vinculado al dinero público, de los aportantes del Estado, tiene que ser sujeto de la Ley de Acceso a la Información Público, y sus declaraciones juradas tienen que ser públicas, es la tendencia regional y mundial. Es una...
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