Luís Alberto Riart, “Beto”, intentó hacer bien las cosas como ministro de Educación y Cultura (MEC) durante el gobierno de Fernando Lugo, y lo consiguió, pero solo parcialmente. En cambio, sí logró demostrar plenamente -sin intentarlo- que la justicia ordinaria (“la más ordinaria de todas”, al decir de González Delvalle) es un perfecto instrumento de persecución al enemigo político.
Falta develar enemigo de quién fue Beto Riart, porque él nunca fue político activista, ni partidario, si bien es rama del histórico tronco liberal. Hurgando en la historia uno encontrará que hubo Riart como expresidente, excanciller, exsenador, excombatiente de la guerra, exministro, exlíder liberal, pero él sólo hizo pedagogía y un buen día lo convirtieron en estadista, en ministro de Educación.
Supongo que Beto Riart, como todo apolítico, habrá obviado responderse la pregunta básica que cada cual debe hacer al ingresar, con un elevado cargo, al movedizo terreno político. Y ahora, ¿quiénes son mis enemigos”. El siguió, sin responder la pregunta, sin cuidarse la espalda.
El incendio de un local del MEC creó la oportunidad para sus enemigos y Riart recurrió al procedimiento urgente de la excepción, con total aprobación de los organismos de control. Previa tasación por otro organismo del Estado (CONAVI), se procedió a la compra de un edificio, ocupado luego plenamente por el ministerio.
Lo acusaron de lesión de confianza por supuesta sobrefacturación y daño patrimonial por la diferencia entre la tasación de 12,5 mil millones y 14 mil millones de guaraníes, el total pagado. Pero la tasación estatal no contempló el pago del IVA ni de los impuestos atrasados. Inclusive, el ministerio pagó 2 mil millones de guaraníes menos del precio aspirado por los anteriores dueños, no obstante, el ministro fue condenado a tres años de cárcel, que es donde ahora se encuentra recluido desde el mes de junio pasado.
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