El senador Líder Amarilla (PLRA) ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar el trato preferencial que recibe su
El senador Líder Amarilla (PLRA) ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar el trato preferencial que recibe su colega. En el ámbito judicial, la lógica es clara: cualquier ciudadano condenado por un crimen (delitos con penas superiores a 5 años) suele enfrentar la prisión preventiva inmediata debido al evidente peligro de fuga. No obstante, Galeano permanece en libertad, un hecho que Amarilla atribuye directamente a su «investidura».
La defensa del sector que sostiene a Galeano se refugia en la presunción de inocencia hasta que exista una «sentencia firme y ejecutoriada». Bajo esta tesis, el Senado no debería actuar hasta que se agoten todas las instancias, incluyendo apelaciones y la Corte Suprema, un proceso que podría durar años.
Sin embargo, la contraparte jurídica —y el reclamo de la bancada democrática— apunta a la pérdida de investidura. Aquí el debate se centra en una sutileza semántica de la Constitución: el «uso indebido de influencias fehacientemente comprobado».
Para un sector de la oposición, una condena en primera instancia por delitos tan graves ya constituye una comprobación suficiente para activar el juicio político parlamentario, sin necesidad de esperar el cierre definitivo del expediente judicial.
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