Aprovechar las cuarentenas gestionadas por el Estado como forma de represión. Eso es lo que han hecho países de América Latina como Venezuela, El Salvador y Paraguay en los últimos meses en el marco de las medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus, según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe. […]
Aprovechar las cuarentenas gestionadas por el Estado como forma de represión. Eso es lo que han hecho países de América Latina como Venezuela, El Salvador y Paraguay en los últimos meses en el marco de las medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus, según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Según la ONG, estos países han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de Derechos Humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias.
En su informe, Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas, Amnistía ha documentado cómo en estos tres países las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos.
La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, ha denunciado que “cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”.
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