La hoja de ruta trazada por el Gobierno de Santiago Peña estuvo marcada por cambios que le permitieron un mayor control en el manejo de recursos económicos y en políticas de Estado.
El presidente de la República, Santiago Peña, cumple mañana un año en el poder, el cual estuvo marcado por una serie de reformas en políticas públicas que fue impulsando y logrando gracias a la cómoda mayoría con la que cuenta el cartismo en ambas Cámaras del Congreso Nacional. Una de sus primeras reformas, aprobada en menos de tres meses, fue la Ley N° 7218/2023 “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las Finanzas Públicas”, el cual faculta al Ejecutivo modificar el presupuesto para reprogramar créditos presupuestarios y cumplir obligaciones.
Peña también logró articular, para noviembre del año pasado, la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), idea que inició con una Cumbre de Poderes de Estado, que llevó adelante a los pocos días de haber asumido, donde participaron además el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el contralor general de la República, Camilo Benítez, además de los representantes del Congreso y el Poder Judicial.
Sin embargo, en este proceso fueron debilitadas o eliminadas instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción y de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) del Poder Ejecutivo.
Para fines del año pasado, pese a las intensas protestas de los gremios de trabajadores y jubilados, Peña también había logrado la aprobación de la Ley N° 7235/2023 que creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, con la que busca regular y supervisar las inversiones de los fondos de los trabajadores.
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