Empresarios de CDE despojados ilegalmente de sus acciones denuncian inseguridad jurídica

Empresarios de CDE despojados ilegalmente de sus acciones denuncian inseguridad jurídica

La familia Osman, dedicada al comercio en Ciudad del Este desde hace unos 50 años, denunció ante la justicia haber sido víctima del despojo ilegal de sus acciones de las empresas Issos SA, Issos Greenfield International y Somax Agro, así como del desalojo de 12.000 hectáreas. Wisan Osman, sostuvo que recurrieron al Estado buscando justicia, […]

La familia Osman, dedicada al comercio en Ciudad del Este desde hace unos 50 años, denunció ante la justicia haber sido víctima del despojo ilegal de sus acciones de las empresas Issos SA, Issos Greenfield International y Somax Agro, así como del desalojo de 12.000 hectáreas. Wisan Osman, sostuvo que recurrieron al Estado buscando justicia, sin resultado alguno, lo que deja un nefasto precedente de inseguridad jurídica en nuestro país. El abogado de la familia, Daniel Alarcón, criticó la inacción del Ministerio Público que permite que procesados en Brasil se apropien de los bienes de...

El ocultamiento de los informes de la Seprelad y de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, más de 50 pericias documentológicas, informáticas y contables y la inacción del Ministerio Público han sido la constante en el caso que afecta a la familia Osman de Ciudad del Este que ha denunciado ser víctima de estafa por parte de empresarios panameños y colombianos con procesos en el Brasil.

Han pasado casi 3 años desde que los Osman, fundadores de las empresas Empresas Issos SA, Issos Greenfield International y Somax Agro, denunció ante la justicia, el despojo ilegal de sus acciones y el desalojo de su estancia de 12.000 hectáreas valuadas en unos USD 85 millones, y sobre las cuales, el abogado de la familia, Daniel Alarcón, dijo contar con información de que los denunciados tienen la intención de vender el inmueble e irse al Brasil donde están inaugurando otras empresas de porte similar.

Alarcón relató sobre el caso, que se produjo una imputación a los 6 meses por estafa y lesión de confianza y que durante dos años, no se realizó ningún acto de investigación. Criticó que la Fiscalía General del Estado tuvo en su poder una carpeta de fiscal durante dos meses y medio sin realizar ningún acto de investigación y agregó que hay un proceso en el que se han urgido 50 veces pericias documentológicas, contables e informáticas. “Se ha ocultado el informe de la Seprelad, se ha ocultado el informe de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, se ha generado impunidad”, sentenció...

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