Una vez promulgada la norma, las empresas tendrán dos años para convertir las acciones al portador en nominativas. Incumplirla impedirá operar en el sistema financiero y propiciará el bloqueo del RUC.
La normativa quedó confirmada en la versión original que nació en la Cámara de Diputados, que elimina totalmente las sociedades anónimas. El artículo tercero de la ley señala que los accionistas tendrán un plazo de dos años desde la promulgación de la normativa para comunicar del canje a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda.
Cumplido ese plazo, quien no haya realizado este procedimiento le quedarán suspendidos sus derechos económicos hasta tanto formalice la conversión.
Esta situación se detalla en el artículo cuarto, donde incluso se señala que las sociedades que no hayan cumplido con la obligación de convertir sus acciones al portador hasta en un 90% estarán sujetas a las siguientes consecuencias: no podrán operar en bancos, financieras, casas de cambio, casas de bolsa, cooperativas y la Subsecretaría de Tributación procederá al bloqueo del Registro Único del Contribuyente (RUC).
Esta ley también establece sanciones para quienes no realicen el canje de acciones, que pueden ir desde los cincuenta jornales mínimos (G. 3.830.000) hasta los quinientos jornales mínimos (G. 38.308.800).
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