Por su parte, la fiscal Verónica Valdez señaló que hasta ahora el equipo fiscal no tomó la decisión de solicitar una modificación o ampliación de las calificaciones jurídicas, aunque esa posibilidad seguirá bajo evaluación. Asimismo, los representantes del Ministerio Público aclararon que las pesquisas no se limitan únicamente a las personas que ya fueron imputadas, entre ellas Miguel Vázquez y otros directivos vinculados a la entidad financiera. Finalmente, la fiscal adjunta Nancy Salomón destacó los resultados obtenidos hasta el momento y sostuvo que el equipo investigador continúa avanzando pese a los cuestionamientos de distintos sectores de la ciudadanía.
El Ministerio Público confirmó que las investigaciones relacionadas con el presunto desfalco a ahorristas de Ueno Bank avanzarán mediante dos causas independientes, una que involucra al empresario Miguel Vázquez y otra al expresidente de la República, Santiago Peña. La decisión fue comunicada este miércoles durante una conferencia de prensa en la que los fiscales brindaron detalles sobre los avances del caso.
La fiscal adjunta Nancy Salomón explicó que ambos procesos continuarán por caminos separados. Esta determinación impide, por el momento, ampliar la imputación contra el exmandatario por el supuesto delito de asociación criminal. No obstante, aclaró que la situación podría ser revisada conforme avancen las diligencias investigativas y se incorporen nuevos elementos.
Por su parte, la fiscal Verónica Valdez señaló que hasta ahora el equipo fiscal no tomó la decisión de solicitar una modificación o ampliación de las calificaciones jurídicas, aunque esa posibilidad seguirá bajo evaluación. Indicó que la investigación se desarrolla sobre los hechos denunciados y que las eventuales responsabilidades deberán determinarse a partir de las evidencias reunidas.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público aclararon que las pesquisas no se limitan únicamente a las personas que ya fueron imputadas, entre ellas Miguel Vázquez y otros directivos vinculados a la entidad financiera. La investigación también podría alcanzar a funcionarios y otras personas que presuntamente hayan tenido participación en las operaciones que ocasionaron el perjuicio económico a los ahorristas.
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