LIMA, SANTIAGO DE CHILE y SAN FRANCISCO. El peruano Juan Minaya Bonilla, de 65 años, enfermó de COVID-19 y fue ingresado en una clínica de Lima. Tras fallecer en junio, su hija, Jacqueline, recibió una factura de cerca de 50.000 soles (unos 14.200 dólares), adicionales a los 97.000 soles (cerca de 28.000 dólares), que ya había desembolsado.
“Me tuve que endeudar, prestar dinero”, relata Jacqueline a Efe, quien explica que no fueron a una clínica porque quisieran “una atención privilegiada”, sino que lo hicieron después de “recorrer todos los hospitales del Seguro Social (EsSalud)” y no encontrar cama, cuando a su padre ya le faltaba oxígeno.
La historia de Jacqueline y su padre ilustra una faceta más de la pandemia y pone de relieve las duras consecuencias que muchos sufren en países con sistemas sanitarios más liberalizados, donde al sufrimiento por el coronavirus se suman las penurias financieras.
Perú, el sexto país del mundo con mayor número de contagios confirmados de COVID-19, afrontó el inicio de la pandemia con un agónico sistema de salud público que aseguraba apenas 100 camas de UCI con ventiladores mecánicos, para sus cerca de 33 millones de habitantes.
El Gobierno estableció el 16 de marzo el confinamiento nacional, en medio de la carrera contra el virus para dotarse de más ventiladores.
Leer la nota completa en Diario ABC
