“Las Altas Partes Contratantes crean, en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada Itaipú, con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrica a que se refiere el Art. I”, consagra del Tratado de Itaipú en su Art. III.
Pretendemos, desde la perspectiva del Acta Final de Foz de Yguazú de junio de 1966 y del Tratado de Itaipú (abril de 1973), rescatar y poner a consideración de la opinión pública los derechos paraguayos que, como los Saltos del Guairá, fueron sumergidos, en este caso por el incontenible peso del olvido o, peor aún, de la complicidad, complacencia o de la mala fe.
“Las Altas Partes Contratante otorgan autorización a la Itaipú para realizar, durante la vigencia del presente Tratado, el aprovechamiento hidroeléctrico del trecho del río Paraná referido en el Art. I, se lee en el Art. V”. En la versión portuguesa del Tratado se percibe con mayor claridad quién o quiénes son los propietarios del complejo y quien es la concesionaria: “As Altas Partes Contratantes outorgam concessao a Itaipú para realizar, durante a vigencia do presente Tratado, o aproveitamento hidrelétrico do río Paraná”, está escrito.
Entonces resulta indiscutible que el papel asignado en el Tratado a la entidad binacional denominada Itaipú es el de un simple concesionario y que el Paraguay y el Brasil son los concesionantes, por ende, los únicos y exclusivos propietarios de todo el complejo hidroeléctrico.
El Acta Final de Foz de Yguazú, que los cancilleres de entonces de nuestro país y del Brasil, Raúl Sapena Pastor y Juracy Magalhaes, suscribieron el 22 de junio de 1966 en Foz de Yguazú, en su numeral IV, establece que la energía eventualmente producida por los desniveles del río Paraná, desde e inclusive el Salto del Guairá (...) hasta la boca del río Yguazú “será dividida en partes iguales entre los dos países”.
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