Cuando me toca impartir conferencias sobre la relación del crimen organizado y las dictaduras del Socialismo del siglo 21, siempre surge la pregunta: ¿Qué es un Estado fallido? Este tipo de preguntas es mejor responderlas mostrando el concepto positivo. Un Estado normal es aquel que permite la pacífica convivencia entre sus ciudadanos, garantiza el derecho […]
Cuando me toca impartir conferencias sobre la relación del crimen organizado y las dictaduras del Socialismo del siglo 21, siempre surge la pregunta: ¿Qué es un Estado fallido? Este tipo de preguntas es mejor responderlas mostrando el concepto positivo.
Un Estado normal es aquel que permite la pacífica convivencia entre sus ciudadanos, garantiza el derecho a la propiedad privada, apoya en temas de salud y educación a los sectores más pobres de la población, y respeta los derechos fundamentales a la vida y la libertad. Por ende, un Estado fallido sería todo lo contrario.
Desde que el Foro de Sao Paulo invadió Bolivia en los 90, el país sufrió una serie de acciones subversivas y terroristas. Las mismas tenían como meta final tumbar a gobiernos democráticos para ampliar la esfera de influencia del castrochavismo. Ese objetivo lo consiguieron en octubre del 2003.
A partir de esa trágica fecha, pero en especial con la aprobación de la nueva Constitución Política el año 2009, las instituciones democráticas fueron corrompidas hasta convertir al país en un narcoestado. La actual constitución boliviana es, básicamente, un mecanismo para sostener a la pandilla masista en el poder. Pero no para garantizar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos bolivianos.
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