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I. El Ministerio Público no es un arma de guerra: la prohibición de usar el poder penal con fines políticos
Existe un principio elemental, tan antiguo como el Estado de derecho y tan actual como la jurisprudencia interamericana: el poder penal del Estado no puede ser instrumentalizado para perseguir adversarios políticos, silenciar opositores ni construir causas a medida de los intereses de quienes circunstancialmente detentan el poder. Este principio no es una abstracción académica. Es el corazón mismo de la garantía del debido proceso, del principio acusatorio y del Estado constitucional de derecho que la República del Paraguay declara encarnar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido explícita al respecto: en los casos López Lone y otros vs. Honduras y Petro Urrego vs. Colombia, entre otros, el tribunal ha establecido que el uso de mecanismos procesales con finalidad política constituye una violación autónoma al artículo 8 de la Convención Americana, y que la independencia del Ministerio Público no es sólo un ideal institucional, sino una condición estructural del sistema de garantías. Cuando esa independencia se quiebra —cuando el fiscal deja de actuar conforme a derecho y comienza a actuar conforme a instrucciones...
La Constitución Nacional del Paraguay establece en su artículo 268 que el Ministerio Público tiene por función el ejercicio de la acción penal pública en representación de la sociedad. No en representación de facciones, ni de poderes económicos, ni de abogados privados con intereses procesales en juego. La sociedad. Cuando un fiscal recibe instrucciones de persecución de parte del abogado del denunciante, no está ejerciendo la acción penal pública: está prostituyendo la institución que representa.
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