Iván Lisboa – ilisboa@uhora.com.py
El Gobierno Nacional decidió dejar el debate sobre este gravamen para lo último. Es que, desde su vigencia allá por el 2012, este tributo que gravan –en teoría– las ganancias de las personas, no dejó de crear enfrentamientos entre el sector privado y el Ejecutivo, situación que se agravó en los últimos años, producto de la elaboración de dudosas reglamentaciones y de los repentinos cambios de postura.
En esta ocasión, el Gobierno aparentemente tiene clara la película: el IRP debe pasar de ser un impuesto débilmente formalizador a uno inclementemente recaudador.
Sin embargo, sería inoportuno que la Administración Estatal utilice este precepto para afectar a aquellos que tienen menor poder adquisitivo, como, por ejemplo, la idea de que ya sean contribuyentes aquellos cuyos ingresos en un año sean de G. 50 millones, como indica el documento base que se puso a consideración de la Comisión Tributaria (www.ultimahora.com/c2790384).
Tampoco sería agradable que las personas jubiladas o con retiro, quienes se supone que trabajaron al menos hasta los 55 años y tuvieron un mínimo de aporte de 25 años, no puedan disfrutar de sus ahorros y lleven nuevamente sobre sus espaldas una nueva carga (www.ultimahora.com/c2781199).
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
