Ciertamente, hemos de reflexionar sobre el alcance ontológico que se percibe dentro del amplio ecosistema de los activos virtuales, pues bien, los activos virtuales (criptomonedas, NFTs, tokens, dinero electrónico, etc.) conforman una dimensión vigente de la economía global, bajo paradigmas que buscan ser reflexionados. Es así que, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) establece un catálogo de base para comprender mejor algunos términos, pues bien, denomina “usuario/a” a la persona o entidad que obtiene un activo virtual, y que lo utiliza para adquirir bienes y/o servicios físicos y/o virtuales, y/o para transferirlos a otra persona, y/o para mantenerlo en su poder como inversión.
En dicho efecto, toda persona puede adquirirlos, sea por cambio de moneda fiduciaria, a través de una plataforma de intercambio de activos virtuales o, si se trata de activos “centralizados”, directamente del administrador o emisor; asimismo, se puede adquirir como recompensa por algún servicio realizado y/o en el caso de los activos virtuales descentralizados, tal como ocurre con el bitcoin, autogenerando unidades de la criptomoneda.
Ahora bien, se dice “minero/a” a aquella persona y/o “entidad” que interviene en la red descentralizada de una criptomoneda, mediante la incorporación de algún tipo de software. Mientras que, será “administrador/a” aquella persona y/o entidad que se dedique “comercialmente” a la emisión, es decir, a generar la constante circulación de los activos virtuales centralizados, pues, en igual sentido, se encarga de establecer las reglas de uso y mantener el registro central de pagos.
Entretanto, el sistema internacional reconoce a los “proveedores/as” de servicios de activos virtuales (PSAV) como cualquier persona física y/o jurídica que realiza procedimientos como: 1- intercambio entre activos virtuales y monedas fiat; 2- intercambio entre una o más formas de activos virtuales; 3-transferencia de activos virtuales; 4- custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activo virtual; y 5- participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.
Dicho lo anterior, cabe recordar que el Paraguay se ha ratificado en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y bajo dicho criterio, se ha tornado vigente la Ley N° 1015/97, modificada por la Ley N° 3783/09, que, en su artículo 13° establece que la numeración de “sujetos obligados” dispuesta no es taxativa, y ante dicha exposición, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha resuelto emitir la Resolución Seprelad N° 08/20, que incluye a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo la nomenclatura jurídica de sujetos...
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