La protección a los cuestionados es muy fuerte en la Cámara Baja, incluso a costa de la indignación ciudadana. La postura de la mayoría es no sancionar a Édgar Ortiz y Del Pilar Medina.
El corporativismo es mucho más sólido en esta cámara del Congreso, que no revisa las conductas de sus miembros, a diferencia del Senado, que ya pide fuertemente la destitución de María Eugenia Bajac, pudiendo convertirse en la sexta expulsada.
Mientras que en Diputados los que suman son los salvados. Medina y Ortiz les siguen a los colorados abdistas Miguel Cuevas, Esteban Samaniego y Ulises Quintana, y el cartista Tomás Rivas, además del liberal efrainista Carlos Portillo.
Ortiz fue imputado por violación de la cuarentena sanitaria y resistencia por la fiscala Raquel Bordón, quien pedirá su desafuero, luego de que el domingo el diputado protagonizara una discusión con agentes en una barrera sanitaria en el distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa.
El hecho fue divulgado mediante un video en redes sociales. La denuncia indica que el legislador casi atropelló a los uniformados ubicados en el puesto de control de circulación. Ortiz se excusó diciendo que tenía premura por ir al baño a causa de una diarrea y que como autoridad nacional está amparado por el decreto del Ejecutivo que establece restricciones de movilidad. Sin embargo, la excepción se da solo si estas se encuentran cumpliendo funciones impostergables relacionadas con su cargo, pero el parlamentario se dirigía a su casa.
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