El Proyecto de Transformación Educativa encarado por el Gobierno tendrá que partir del modelo de país que queremos en un futuro inmediato. Ese es un planteamiento socioeconómico, pero sobre todo político pues tiene que implicar que las instancias de poder acuerden el perfil de nación que se pretende. A partir de esa definición es posible pensar en un rumbo para la educación, pues no serviría de mucho que se delibere y se hagan propuestas en los diversos estamentos si ese rumbo no está delimitado en términos concretos. Es plausible que el plan de cambio esté en marcha, pero es necesario que su base sea sólida para que de ese modo se llegue al resultado esperado: que sea un medio eficaz para alcanzar un mayor bienestar colectivo.
Desde la Reforma Educativa de 1994 ha corrido mucha agua bajo el puente. Aun con los parches que le fueron introducidos a lo largo de casi un cuarto de siglo, hasta hoy no ha sido un instrumento eficaz para convertirse en un eje esencial del desarrollo de la República.
Si bien, en términos generales, la educación impartida en el sector privado es de mayor calidad que la del sector público, a todas luces –mirando los resultados–, el sistema educativo carece de la fuerza transformadora que debería tener en una sociedad que pretenda mirar lo que viene con esperanza.
La inequidad que vive el Paraguay en cuanto a justicia social se ve claramente reflejada en la diferencia que existe en términos de la educación que se observa en los sectores privado y público.
No hay que pensar que la Educación, en sí misma, sea la panacea de un proceso de cambio en un país en el que interactúan poderosas fuerzas de orden cultural, económico, social, político e histórico. Es sí una herramienta esencial para iniciar un proceso serio de cambio de paradigmas que va a repercutir en la marcha del engranaje social.
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