La iniciativa de “medidas extraordinarias” estipula en su artículo 14 que la retención a aplicar a cada contribuyente que sea proveedor del Estado ascenderá al 4% (actualmente es del 3%) del precio total de la venta realizada. La disposición será aplicable hasta diciembre de 2023. Oscar Lovera, viceministro de Administración Financiera, argumentó que con esta medida se busca asegurar los recursos que se necesitan para financiar el presupuesto de lo que resta de este año. Dijo que los ingresos tributarios están creciendo a un ritmo del 4% y no del 8% que era lo estimado.
En su artículo 14, el Proyecto de Ley “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, estipula que las entidades del sector público, excluidas las Municipalidades y las Gobernaciones, deberán actuar como agentes de retención en todas las ocasiones en que los contribuyentes del Impuestos a la Renta Empresarial RG (Régimen de liquidación impositiva por resultado contable) y el SIMPLE (Régimen Simplificado para Medianas Empresas) actúen como proveedores de bienes y de servicios.
La iniciativa presentada el martes por el Ejecutivo estipula que la retención a aplicar a cada contribuyente que sea proveedor del Estado ascenderá al 4% (actualmente es del 3%) del precio total de la venta realizada, en la oportunidad en que se efectúe cada pago.
Este importe retenido será imputado como anticipo del Impuesto a la Renta Empresarial. No obstante, la propuesta aclara que no se practicará la retención mencionada cuando el monto de venta o la prestación de servicio, excluido el IVA, sea inferior a un salario mínimo para actividades diversas no especificadas.
“A los efectos de la aplicación de esta disposición, constituyen una sola operación todas las adquisiciones que se realicen a un mismo proveedor en la misma fecha, siendo irrelevante el número de facturas utilizadas”, refiere el proyecto de Ley.
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