El ministro Roberto Ilo Moreno confirmó que hasta ayer no llegaba a la Asesoría Jurídica de la Presidencia la ley de control a las organizaciones sin fines de lucro, luego de que Raúl Latorre anunciara su envío reciente desde el Congreso, cuyo presidente es actualmente el cartista Basilio Núñez. La normativa fue sancionada ya el 9 de octubre, pero se demoró su remisión al Ejecutivo como decisión política para extender el tiempo que tiene Santiago Peña de expedirse, debido a lo controversial del proyecto impulsado por Gustavo Leite, y el anuncio de acciones de inconstitucionalidad por parte de la sociedad civil a nivel nacional.
No obstante, Peña también recibe presión de la comunidad internacional, que señalan que la ley es una medida autoritaria y restrictiva de la democracia. Se pronunciaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional, el Gafi, entre otras.
El asesor jurídico de la presidencia explicó que si bien el Legislativo envió ayer el documento, primero tiene un trámite en la secretaría general y luego se deriva a su oficina. Como el proyecto cuenta con 22 artículos, el presidente tiene 20 días hábiles, según la Constitución Nacional, para promulgar o vetar total o parcialmente. Luego de ese plazo, se convierte en ley por promulgación automática. Si el proyecto es promulgado, debe ser reglamentado en el plazo de 15 días, que será una tarea para el Ministerio de Economía. La demora de Peña es llamativa debido a que la versión sancionada...
Queremos preservar la transparencia pero que las ONG, que cumplen un rol fundamental, sigan funcionando. Santiago Peña, presidente.
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