Al cierre del penúltimo mes del 2024, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que componen la Administración Central ejecutaron un total de G. 55,8 billones, equivalentes al 79,1% del presupuesto vigente para el presente ejercicio fiscal, según el informe financiero elaborado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado, del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 55,8 billones obligados al penúltimo mes del 2024, el 76% corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Al cierre del penúltimo mes del 2024, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que componen la Administración Central ejecutaron un total de G. 55,8 billones, equivalentes al 79,1% del presupuesto vigente para el presente ejercicio fiscal, según el informe financiero elaborado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado, del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El presupuesto aprobado inicialmente aumentó en 6,3%, explicado mayormente por el aumento en bienes de consumo e insumos y transferencias. Para este último, la mayor cuantía se dio para la alimentación escolar, transferencias a las Municipalidades, y transferencias de la Administración Central a las Entidades Descentralizadas.
El informe revela que del total de G. 55,8 billones obligados al penúltimo mes del 2024, el 76% corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Asimismo, de acuerdo con el reporte, el 79% del total ejecutado corresponde a Gastos Corrientes, principalmente para pago de salarios a las Fuerzas Públicas, personal de blanco, docentes, pagos por compra de medicamentos, intereses de la deuda pública, prestaciones de la seguridad social, incluyendo el pago a adultos mayores y otros programas sociales que encara el Estado.
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