Este 15 de agosto, el presidente Santiago Peña completa dos años al frente del Poder Ejecutivo. En su mensaje oficial, resalta la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, el crecimiento proyectado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y una supuesta consolidación de la confianza…
Sin embargo, en las calles y desde sectores sociales y gremiales, el balance es muy distinto ya que denuncian aumento del costo de vida, inseguridad, estancamiento de las microempresas y un Estado ausente en áreas clave como salud, educación y transporte.
Según las proyecciones del BCP, Paraguay cerraría 2024 con un crecimiento económico del 4,4%, luego de haber alcanzado 4,2% en 2023 y 4,7% en 2022. Para el mandatario, estos datos demuestran una economía sólida y en expansión. El Gobierno sostiene que la inflación está bajo control en el promedio anual y que el país se mantiene como un destino confiable para inversiones extranjeras.
No obstante, economistas y opositores matizan este optimismo. Señalan que la inflación en alimentos esenciales, como la carne, y el aumento sostenido del transporte afectan directamente al poder adquisitivo. La percepción en las familias es que “la plata ya no rinde” y que el crecimiento económico beneficia sobre todo a grandes sectores empresariales, dejando fuera a la mayoría.
Organizaciones como la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) valoran que se reconozca el papel de las mipymes en el empleo —responsables del 70% de los puestos laborales del país—, pero advierten que llevan más de un año sin dinamismo.
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